Llevan más de 8 años sufriendo problemas de filtración de agua y desprendimientos tanto de tejas como de la cornisa.
El primer expediente que obra en poder de la delegación de Urbanismo tiene fecha de 2018, pero los problemas con los que a diario conviven los vecinos de las 80 viviendas de calle Monturque comenzaron mucho antes.
El 75% de estas viviendas son de AVRA, Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, adscrita a la consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.
Tras las primeras denuncias vecinales planteadas al ayuntamiento de Lucena, registradas a principios de 2024, la concejal delegada de Urbanismo, Charo Valverde puso en conocimiento de AVRA la situación, obteniendo como resultado una reunión, celebrada en el salón de plenos del consistorio lucentino, en la que los vecinos pudieron plantear a los técnicos de esta agencia los problemas que vienen arrastrando desde hace años y que se centran, en unos bloques en desprendimientos de tejas y de elementos de la cornisa, y en otros en filtración de agua.
Tiempo atrás, los vecinos habían presentado todo tipo de escritos y reclamaciones a distintos organismos oficiales, incluso pusieron el caso en conocimiento del Defensor del Pueblo Andaluz.
Hasta la fecha de hoy, los vecinos no han recibido respuesta alguna, solo la promesa de que se iba a plantear una solución tras las diversas visitas que han efectuado técnicos de AVRA, que incluso han llegado a sugerir a los vecinos que sean ellos mismos quienes busquen a empresas especializadas en este tipo de trabajos para llevar a cabo las actuaciones necesarias.
Tal y como ha contado Valverde a Videoluc TV, en varias ocasiones, y ante la insistencia de los vecinos, ha trasladado este conflicto a Rafael Gil, director provincial en Córdoba de AVRA, sin que de momento se haya proyectado una intervención, antes bien, Gil ha alegado que existen problemas de morosidad en algunos inquilinos y que, en determinados casos, no está constituida legalmente la comunidad.
Cabe destacar que los vecinos que tienen su vivienda en propiedad están dispuestos a afrontar de sus bolsillos la parte proporcional del montante económico a que ascienda una actuación que reclaman con urgencia.
