Policía Nacional y Local proceden a la inspección de una decena de viviendas ocupadas ilegalmente en nuestra ciudad

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Efectivos de la Policía Nacional y Local procedían a lo largo de la jornada a la inspección de una decena de viviendas que están ocupadas ilegalmente en distintos puntos del término municipal. Estos cuerpos de seguridad acompañaban a  trabajadores de aguas de Lucena y de los servicios operativos del Ayuntamiento para comprobar el estado de los enganches de suministros básicos para, en el caso de que no cumplieran con la legalidad establecida, proceder al corte de  la luz y el agua.

Los efectivos de seguridad procedieron asimismo a identificar a las personas que ocupan ilegalmente estas viviendas en Lucena y que en muchos casos provocan inseguridad entre los vecinos que viven en las casas aledañas.

El alcalde de Lucena, Juan Pérez,  señalaba ya la pasada semana su «interés por subsanar este problema sobre una situación complicada por carecerse de denuncias, al tratarse de viviendas de entidades financieras». Apuntaba que se estaban manteniendo reuniones conjuntas entre los inspectores jefes de Policía Nacional y Policía Local con la Federación de Asociaciones de Vecinos para buscar soluciones y pedir la colaboración ciudadana. Pérez apuntaba que «la coordinación es absoluta» en ese sentido.

Mientras tanto, el problema okupa mantiene en vilo a los vecinos de esta zona cercana al centro de la ciudad, que afecta no solo a la calle Mediabarba, sino al conjunto del entorno de la barriada Virgen de Araceli y aledaños, además de la calle Pedro Izquierdo, Huertas, barriada del Polideportivo o Plan Parcial Oeste 1. Los vecinos mantienen que son constantes la peleas en la calle, la inseguridad, las trifulcas y la suciedad del entorno, que les están provocando desesperación en muchos casos al no encontrar un respaldo legal que lleve al desalojo de estas viviendas.

Según denuncian los propios vecinos se trata de un problema  que está teniendo efecto llamada y la ocupación ha llegado  hasta el punto de que la vivienda que el consistorio destina a mujeres víctimas de violencia de género también se encuentra ilegalmente ocupada.