En la actuación se han intervenido 20 lazos de acero y dos cepos mecánicos, instalados en pasos de fauna y dotados de sistemas de atracción mediante aves vivas.
La Guardia Civil, a través de su Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), en el marco de las actuaciones desarrolladas para la aplicación de la Estrategia Andaluza contra el Veneno y el uso de medios ilícitos de caza, ha investigado a dos personas físicas y una persona jurídica, por un presunto delito continuado contra la flora y fauna silvestre en el interior del Parque Natural de las Sierras Subbéticas.
La investigación se inició tras una exhaustiva inspección técnico-policial llevada a cabo por especialistas de la Patrulla de Protección de la Naturaleza (PAPRONA), en colaboración con Agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y con el apoyo de una unidad canina especializada.
Durante el rastreo perimetral de una explotación ganadera situada en una zona de alta reserva del espacio protegido, los agentes localizaron un amplio despliegue de artes de caza prohibidas preparadas para actuar.
En total, fueron intervenidos e inutilizados 20 lazos de acero trenzado, instalados en distintos pasos de fauna del vallado, así como dos cepos mecánicos de presión, camuflados bajo la hojarasca.
Estos últimos dispositivos contaban con jaulas anexas en cuyo interior se encontraban palomas vivas utilizadas como cebo o reclamo, con el objetivo de atraer a los animales hacia las trampas.
La falta de selectividad de estos métodos quedó constatada durante la inspección, al localizarse en el radio de acción de las trampas restos óseos correspondientes a un mínimo de nueve ejemplares de fauna silvestre, entre los que se identificaron seis zorros, una garduña y un buitre leonado, tratándose este último de una especie sometida a protección por la normativa ambiental.
Tras las correspondientes pesquisas dirigidas a determinar las responsabilidades, se procedió a la investigación formal de dos personas físicas y una persona jurídica supuestamente relacionadas con los hechos.
Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Instrucción competente y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Córdoba, para la continuación de las actuaciones judiciales oportunas.
