El Partido Popular instará al equipo de gobierno a que inicie el expediente sancionador a la empresa Bloggers Multiservicios S.L, adjudicataria de la limpieza de los colegios por incumplimiento de contrato. Según el portavoz de los populares lucentinos, Francisco Aguilar, el informe realizado por el técnico correspondiente plasma que la empresa ha actuado en fraude de ley con sus trabajadores, “un caos total en materia laboral”, dijo, que el Partido Popular lleva denunciando desde el mes de noviembre.
Según Aguilar, la sanción debe ser tanto económica, como administrativa, debido a que los trabajadores no han contado con un salario ni unas condiciones dignas. Dicho informe ha sido reenviado a inspección de trabajo, desde donde tomarán nota de cómo van a actuar, sin informar al respecto al consistorio.
Este asunto, ya fue denunciado por el Partido Popular hace unos meses, argumentando que el pliego publicado no era acorde con lo que establece el convenio colectivo en relación con el salario percibido por los trabajadores. En noviembre, recuerda el portavoz popular, presentaron un escrito informando al alcalde sobre este asunto. Ya en mayo, mostraron su preocupación ante los medios de comunicación solicitando al equipo de gobierno la documentación necesaria para comprobar el cumplimiento del contrato, motivo por el cual, según Aguilar, el alcalde los acusó de crear alarma social.
A raíz de ahí se emitió el correspondiente informe que pasó a ser estudiado por los servicios jurídicos del ayuntamiento emitiendo la resolución pertinente, que acredita lo denunciado por los populares.
La empresa Bloggers Multiservicios SL, resultaba adjudicataria del servicio de limpieza en centros escolares y en el mercado de abastos para los meses de febrero y marzo. El Partido Popular ya reprochaba a primeros de mayo, que los trabajadores no tenían los contratos firmados, carecías de sus respectivas nóminas y no habían cobrado ni puntualmente ni con arreglo al salario mínimo interprofesional. La empresa, según Aguilar, contrató a 16 trabajadores, que estaban viendo cómo sus derechos laborales habían sido vulnerados.
También denunciaban los populares que las personas empleadas por esta empresa no habían contado con los necesarios medios materiales para desempeñar su labor, teniendo que asumir por su cuenta la compra de bayetas o lejía.
