El pleno correspondiente al mes de mayo debatirá la encomienda realizada por el alcalde, Juan Pérez, a los servicios jurídicos externos contratados por el ayuntamiento, para el inicio del proceso de desalojo de una familia, formada por 3 adultos y 2 menores, de una vivienda que en su día adquirieron a Suvilusa y que a causa de una deuda generada con Hacienda Local, perdieron tras ejecutar esta entidad un embargo y un posterior proceso de subasta al que concurrió el consistorio recuperando así la titularidad del inmueble previo pago de 31.000 euros.

Los hechos han sido denunciados por el portavoz del PP, Francis Aguilar que ha asegurado que el asunto ya deviene favorable con los votos a afirmativos de Psoe e IU al ser sometido al conocimiento del conjunto de grupos políticos en el seno de la Comisión Informativa de Hacienda celebrada la pasada semana.

Sin obviar la responsabilidad política de recuperar un bien público, desde el PP apelan a la necesidad de hallar una solución a este conflicto toda vez que analizado el expediente se han detectado una serie de omisiones tales como la ausencia de una notificación fehaciente a la familia advirtiendo de la situación, tanto del expediente ejecutivo como del proceso de subasta, así como tampoco consta el detalle de la deuda contraída por la familia en cuestión y que en su momento ascendía a 37.000 euros.

Motivos que llevan a los populares a mantener su voto en contra en el próximo pleno, a denunciar públicamente esta situación y a tratar de convencer al resto de grupos políticos para que emitan un voto en contra de este procedimiento.

Aguilar no ha dudado en tildar al equipo de gobierno socialista de utilizar una doble vara de medir cuando se trata de “okupas” que se apoderan ilegalmente de una vivienda frente a esta familia lucentina que debido a la crisis económica de 2008 se encontró en una situación que les obligo al cierre de su negocio.

El portavoz popular ha reconocido que el pasado lunes mantuvieron una reunión con la familia afectada y con su letrado en la que quedó ratificado el hecho de no haber recibido notificación municipal alguna. Además, quedó de manifiesto que desde el inicio de esta historia no consta propuesta o alternativa alguna por parte del ayuntamiento para resolver esta controversia ni siquiera se ha levantado acta de las reuniones mantenidas entre las partes donde quede reflejada alguna vía de solución.

El PP insiste en la poca cintura política y en la falta de voluntad de negociación demostrada por el gobierno municipal si bien abogan por encontrar una solución que evite que esta familia sea puesta en la calle, en el convencimiento de que el caso, así existe jurisprudencia al respecto, pueda suponer la nulidad de pleno derecho del proceso administrativo.