El sindicato ha hecho un llamamiento a la ciudadanía lucentina para exigir la defensa de los servicios públicos y de la educación pública, gratuita y de calidad para todos.
En la tarde de ayer se celebró una charla coloquio en el centro social El Valle entre representantes de USTEA Córdoba enseñanza y la ciudadanía lucentina con el objetivo de analizar la realidad educativa de Andalucía y, más concretamente, de la ciudad de Lucena.
Durante casi dos horas de coloquio, se ha comprobado que la realidad de los servicios públicos y la educación en la localidad emana de las políticas que está emprendiendo la Junta de Andalucía, llevando a cabo la privatización de los mismos, lo que supone una merma en la calidad de estos servicios.
Javier Mengual, coordinador del área sociopolítica a nivel provincial, ha comentado “la necesidad de tender redes ciudadanas con agentes de diversa índole pero con un objetivo común como son los servicios públicos, algo que las administraciones tanto estatal, autonómica, provincial como local están desmantelando a un ritmo frenético. Estas redes deberían implicar a organizaciones y personas individualmente que ofrezcan información y formación a la ciudadanía para que tome conciencia de lo que se está haciendo con sus dineros y con sus derechos”.
Por su parte, Sonia León, responsable de la organización, ha apuntado que “según el BOJA de diciembre de 2024, 57 han sido las aulas suprimidas en los centros públicos cordobeses durante el curso 23/24, cinco de ellas suprimidas en la ciudad de Lucena: una de infantil en el CEIP Virgen del Valle, una en el CEIP Antonio Machado, una en el CEIP Nuestra Señora de Araceli y dos en el CEIP El Prado”. “Es inasumible que la bajada de la natalidad afecte solo y exclusivamente a la escuela pública; es el momento de bajar la ratio y determinar ratios máximas reales para profesionales de atención a la diversidad”, apunta la responsable del sindicato USTEA.
La supresión de aulas públicas se realiza partiendo de una planificación a la baja por parte de la administración, es decir, el menor número de clases posible en cada centro y la ratio máxima permitida por la normativa en cada grupo: 25 en Primaria, 30 en Secundaria y 35 en Bachillerato. USTEA ha detectado que la Consejería planifica la escolarización incluso con ratios ilegales de partida y no se autoriza una nueva clase hasta que se superan las 29 matrículas en grupos de Infantil y Primaria, 34 en Secundaria y 37 en Bachillerato. Ello ha ocurrido en este período de escolarización en el IES Clara Campoamor, que cuenta, a priori, con un 4º ESO menos para el próximo curso. El resultado de esta estrategia es un recorte masivo de clases públicas, antes incluso de que comience la escolarización.
El sindicato ha hecho un llamamiento a la ciudadanía lucentina a la unidad y la movilización para exigir a las administraciones educativas que actúen de manera inmediata en defensa de los servicios públicos y de la educación pública, gratuita y de calidad para todas y todos.
