El juzgado de lo contencioso rechaza las medidas cautelares solicitadas por Izquierda Unida en el proceso del aparcamiento de la Huerta del Carmen

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El presidente de la EPEL, Francis Aguilar, defiende la validez del contrato, y anuncia que seguirá con los procedimientos de cara a solucionar el problema de aparcamiento que tiene Lucena

El presidente de la Entidad Empresarial Aparcamientos de Lucena, Francis Aguilar, anunciaba que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Córdoba, ha rechazado las medidas cautelares solicitadas por Izquierda Unida en el proceso del aparcamiento subterráneo de la Huerta del Carmen.

Aguilar indicó que desde el consistorio se ha defendido siempre “la legalidad y la validez de este contrato y a la creación de nuevas fórmulas que nunca habían sido utilizadas pero que sí son legales”. Esta resolución, añadió, viene a confirmar que el camino es buscar la solución a los grandes retos que tiene Lucena, entre ellos, el del aparcamiento, evitando, puntualizó, el endeudamiento de las arcas municipales.

La postura de Izquierda Unida, según el edil popular, “no sólo hace daño al equipo de gobierno si no también a la imagen de la ciudad de Lucena”.

Aguilar realizaba además  balance a la gestión del ayuntamiento en estos dos últimos años, destacando la responsabilidad y el compromiso, la colaboración ciudadana o un gobierno de cercanía que amplía recursos, en relación a la dotación de más personal al consistorio.

El edil popular indicaba que el equipo de gobierno trabaja a pesar de las trabas en conseguir soluciones para el aparcamiento, mejorar la limpieza o la movilidad y avanzar en sostenibilidad.

A la oposición la tachó presentar un estado de frustración , y de pedir cambios de inercia, cuando en proyectos de calado, dijo, no arriman el hombro, rechazando luchar por el futuro de la ciudad para mirar por el suyo propio.

Aguilar, recordó que todos los grupos votaron por unanimidad en un consejo de EPEL a abandonar el proyecto de aparcamientos en las Bodegas Víbora debido a que presentaba deficiencias desde el primer momento, con sólo una capacidad de 143 plazas, y un coste que superaba los 7,5 millones de euros.

Con respecto a la denuncia de Izquierda Unida, Aguilar explicó que tras el rechazo de las medidas cautelares, seguirá hacia adelante en el Juzgado de los Contencioso Administrativo, y la corporación espera que la sentencia del juez llegue mucho antes de adjudicar las obras, ya que están seguros puntuaizó, “de que no han incurrido en ninguna de las denuncias interpuestas por el concejal de Izquierda Unida, Miguel Villa”.

 

 

 

5 COMENTARIOS

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