Bajo pancartas en la que se podía leer “Injusta Valoración de Puestos de Trabajo” y “No representa a los trabajadores municipales”, un centenar de empleados del Ayuntamiento de Lucena se manifestaban en el inicio del pleno ordinario del mes de julio. Con una actitud seria pero callada sin ningún tipo de manifestación verbal, quisieron hacer acto de presencia y hacer visible su malestar por la VPT del Ayuntamiento de Lucena.
Y es que como se pudo volver a comprobar, una importante mayoría de trabajadores municipales rechaza esta Valoración de Puestos de Trabajo (VPT) aprobada en la mesa general de negociación, que tendrá que pasar por el Pleno para ser definitivamente aprobada, pese a que en la mesa contó con el voto favorable del PSOE, el sindicato de la Policía Local Sppme, CCOO y UGT; la abstención del PP, IU, Cs y los sindicatos SAT y CSIF, y el voto contrario de USO.
Según estos trabajadores la VPT «afecta muy positivamente a los representantes sindicales que han formado parte del comité de valoración durante los últimos tres años y perjudica considerablemente a gran parte de la plantilla de este Ayuntamiento, proponiendo diferencias salariales de más de 3.000 euros anuales en algunos puestos».
Los empleados municipales reclaman unas reglas básicas para la realización del referéndum, que sean aprobadas con el mayor consenso de los trabajadores, para ofrecer las máximas garantías en la consulta, elaborando un censo de los trabajadores afectados por la Valoración de Puestos de Trabajo, como contempla el acuerdo del Pleno, una campaña de información y un calendario de actuación acorde a un periodo normal de trabajo, y no en periodo estiva, en este sentido, dicha consulta se ha fijado finalmente para el 18 de septiembre.
Sobre este asunto, la concejala de Personal, Teresa Alonso, recordaba hace unos días que «la propuesta presentada por el equipo de gobierno fue dictaminada favorablemente», recordando que se trata de un documento en el que se viene trabajando desde el 2012. Así, partiendo del respeto que le merecen las opiniones en contra de esta propuesta, afirma que su obligación es «tomar las decisiones al respecto de este asunto atendiendo al interés general y teniendo en cuenta la normativa vigente y el procedimiento administrativo».
