La Federación de AMPAS del Sur de Córdoba (SURCO) ha presentado una reclamación formal, acompañada de una recogida de firmas de las familias afectadas, ante la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo en Córdoba y la empresa encargada del catering de los colegios andaluces, para denunciar el cobro indebido de los días 4 y 5 de febrero por parte de Mediterránea de Catering S. L., la empresa concesionaria de dicho servicio de comedor.
Durante estos días, los centros educativos permanecieron cerrados por orden de la Junta de Andalucía ante la alerta meteorológica por lluvia y viento.
En este sentido, M° Reyes Maíllo, Presidenta de SURCO, ha expresado que “se trata de un cobro injusto que no tienen que soportar las familias, ya que se trata de un servicio no prestado a raíz de una medida de urgencia adoptada por la Junta. La decisión de Mediterránea es técnica y contractualmente inapropiada”.
Tras el cierre decretado por la Administración, Mediterránea comunicó a las familias su intención de facturar ambos días, alegando que ya había incurrido en gastos de personal, logística y alimentos perecederos.
Sin embargo, La Federación argumenta que “tras las investigaciones realizadas, no existió tal desperdicio de alimentos puesto que el menú establecido para esos días fue servido en los centros en días posteriores“.
Por otro lado, desde Surco señalan que el pliego de condiciones con la empresa de catering estipula que las familias deben abonar el servicio en función de los días de uso efectivo disfrutados. Si no ha habido servicio, no debería generarse una obligación de pago, debiendo, en cualquier caso, ser indemnizada la empresa, si así lo considera, por la propia Administración.
Maíllo ha asegurado que “las familias usuarias se sienten desprotegidas ante una situación ajena a su voluntad” añadiendo que ”Mediterranea ha elegido la vía fácil. En vez de pelear contra la administración o contra sus seguros, han implicado a los usuarios que cumplían una orden de cierre por seguridad”.
Con esto, SURCO reclama la devolución de las cantidades a aquellas familias que ya hayan realizado el pago y solicita a la Junta una respuesta justa que respete el marco normativo y proteja el bolsillo de las familias lucentinas ante este tipo de situaciones de fuerza mayor.
