El Grupo Municipal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Lucena pone de manifiesto la gran irresponsabilidad del actual alcalde, Aurelio Fernández, al permitir la continuación del procedimiento de privatización del servicio de limpieza del ayuntamiento de Lucena.
El pasado 26 de junio el Pleno del Ayuntamiento de Lucena aprobó con los votos a favor de PP, Vox, Concejal no adscrito y el Grupo Municipal de Ciudadanos, iniciar el procedimiento de privatización del servicio de limpieza de nuestra localidad, mediante el que se pretende pasar a la gestión privada el servicio de limpieza de Lucena a través de un contrato por importe de 11.288.402€, con un plazo de duración de 9 años, muy por encima de los 5 años que la Ley de Contratos del Sector Público marca de plazo como regla general.
En esta ocasión y como viene siendo habitual, el PP vuelve a actuar con arrogancia, oscurantismo e improvisación, y a pesar de la enorme importancia del contrato tanto por su duración como por su cuantía, no se han mantenido reuniones previas con los grupos de la oposición, llevándose a una comisión informativa extraordinaria. El equipo de gobierno de Aurelio Fernández vuelve a imponer en lugar de consensuar.
Además, en el procedimiento administrativo no se han seguido las prescripciones legales, por cuanto carece del preceptivo estudio de alternativas que determine cual es la gestión más eficiente y eficaz de entre las dos posibles: la gestión por el propio Ayuntamiento o por el sector privado. Precisamente el propio consultor que ha realizado el estudio de viabilidad económica para este tipo de servicio, afirma literalmente “………se optaría por la gestión directa mediante alguna de las fórmulas previstas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público” o lo que es lo mismo que lo preste el propio ayuntamiento.
El estudio de costes se lleva a cabo sin determinar las calles y zonas a limpiar, lo que nos lleva a preguntarnos ¿Cómo se puede hacer un presupuesto con determinación de horas, maquinaria, etc., sin saber cuáles son las zonas a limpiar? Pues el PP ha sido capaz de darnos la cifra de 11,2 millones de euros sin que se concreten las zonas y el perímetro del servicio que se va a prestar.
Lo más sangrante es que nuestro alcalde va a regalar a la empresa adjudicataria 4 años de contrato por encima de los 5 que, como regla general, marca la Ley de Contratos del Sector Público. Se va a hipotecar al Ayuntamiento por un plazo superior al necesario. Para poder justificarlo, el equipo de gobierno se basa en un criterio fiscal para calcular la amortización de la maquinaria, cuando el Reglamento de Desarrollo de la Ley de Desindexación indica expresamente que ese cálculo debe hacerse con el método determinado en función de las inversiones y los flujos de caja. Nuevamente, se salta a la torera las prescripciones legales.
Por lo anteriormente indicado, este procedimiento incurre en incumplimientos normativos suficientes para ser nulo de pleno derecho. Por su parte, el estudio económico contiene errores tan evidentes como justificar artificiosamente una duración del contrato por encima de la norma general que marca la Ley de Contratos del Sector Público. De esta forma, el Ayuntamiento de Lucena pagará a la adjudicataria privada la totalidad de la maquinaria, duplicando por una parte la que ya tiene el Ayuntamiento, ocupándose la empresa de contratar el personal y obtener el beneficio correspondiente, sin que por lo demás sepamos el destino de la maquinaria adquirida tras los nueve años de duración del contrato, por cuanto los nueve años no generan su total obsolescencia.
Desde el Grupo del Partido Socialista no podemos estar de acuerdo con esta privatización porque el equipo de gobierno en ningún momento ha justificado que la gestión indirecta sea la forma más eficiente y eficaz de prestar el servicio de limpieza de Lucena. Más bien parece un eslabón más en el plan del alcalde Aurelio Fernández de privatizar los servicios públicos de nuestra ciudad. A ello hay que sumar la improvisación en la tramitación del correspondiente expediente de contratación y la nula observancia de las prescripciones legales, como ya hemos indicado anteriormente.
Lo acontecido demuestra la incapacidad del equipo de gobierno actual de gestionar LOS SERVICIOS de forma eficiente y eficaz, recurriendo a las privatizaciones para ocultar sus limitaciones como gestores públicos.
