La Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Lucena implantará la tarjeta pre-pago como medio para hacer llegar a las familias beneficiarias las prestaciones sociales con el objetivo de acortar los plazos de acceso a dichas ayudas económicas.

La titular de esta área municipal, Carmen Gallardo, ha hecho este anuncio este viernes remarcado que las nuevas tarjetas bancarias entrarán en funcionamiento en una semana, en cuanto entren en vigor la nueva Ordenanza Reguladora del Programa de Ayudas de Urgencia Social del Ayuntamiento de Lucena y el reglamento específico anti covid derivado de la crisis sanitaria, documentos aprobados en Pleno el pasado mes de abril que articularán a partir de ahora el conjunto de políticas de ayudas sociales a nivel municipal.

Las nuevas tarjetas prepago se ponen en marcha como una herramienta que permita a la ciudadanía acceder más rápido al dinero de las ayudas sociales que desde Servicios Sociales se aprueben, una vez hecha la pertinente valoración por parte de los técnicos municipales, un sistema de pago de prestaciones sociales que pretende sustituir el sistema actual consistente en la entrega a la persona beneficiaria de un cheque que debía presentar en la oficina bancaria.

“Entendemos que con el sistema actual transcurrían muchos días desde la concesión de la prestación hasta el cobro de la misma”, ha reconocido Gallardo, quien se ha mostrado confiada en que este nuevo mecanismo de ingreso de las ayudas “repercuta positivamente en la prestación del servicio cada día más personalizado y efectivo para ayudar a la familia que lo necesite justamente en aquella necesidad que tenga”.

Desde Servicios Sociales, se remarca que la puesta en funcionamiento de las tarjetas pre-pago se ha hecho coincidir con la entrada en vigor de la nueva ordenanza y su reglamento específico por covid, que amplían hasta seis la tipología de las prestaciones municipales: ayudas para cubrir necesidades básicas; ayudas para cubrir gastos de suministros y para la adquisición de equipamiento básico de la vivienda habitual; ayudas para cubrir gastos de alquiler y/o alojamiento; ayudas complementarias para cobertura de tratamientos especializados de salud; ayudas para situaciones de exclusión social y ayudas alimentos domiciliaria.

Para las familias que hayan adquirido la condición de vulnerabilidad social debido a situaciones derivadas directamente por la crisis del coronavirus (pérdida de empleo o reducción de ingresos por entrada en ERTE, básicamente), el límite de ayudas económicas que pueden recibir por parte del Ayuntamiento, según fija el reglamento, es de 1.900 euros anuales. Para los usuarios que accedan a las ayudas sociales mediante la ordenanza general, el límite será de 1.200 euros al año.

Desde el estallido de la pandemia sanitaria a mediados de marzo, la Concejalía de Servicios Sociales ha tramitado unas 900 ayudas sociales de emergencia con una cuantía total de 270.000 euros aproximadamente, en unos meses “frenéticos en la gestión de la delegación”, como ha reconocido Carmen Gallardo, que ha cifrado en 3.000 las citas telefónicas dadas y en 8.000 las atenciones realizadas, entre otras actuaciones.