La concejal delegada de Fiestas, María del Mar Morales, cuya comparecencia estaba prevista en el orden del día del pleno de este martes en relación con las presuntas irregularidades detectadas en la contratación de las actuaciones musicales de la pasada edición de la Feria Real de Ntra. Sra. del Valle, manifestó ante la corporación que no respondería a las preguntas que formularan los grupos de la oposición toda vez que había tenido conocimiento, esa misma mañana, de la apertura de diligencias judiciales sobre este asunto por lo que siguiendo el consejo de su abogado no se comprometería a perjudicar su defensa jurídica.

Cabe recordar que fue el PP el que públicamente denunció la existencia de una violación de la ley en este asunto solicitando el dictamen al respecto de los servicios jurídicos municipales y que, posteriormente, a la luz del citado informe, en el que se apreciaba un quebrantamiento de las normas de adjudicación, fue IU quien solicitó la comparecencia en el pleno de la edil socialista, quien, posteriormente, en comparecencia ante los medios de comunicación alegó la existencia de un error administrativo subsanable.

Ante este panorama y llegado el pleno del mes de enero, Morales, en su breve intervención, calificó de injusta la judicialización de este asunto y anunció que una vez concluido el proceso judicial ofrecería las explicaciones oportunas.

Las reacciones no se hicieron esperar. La primera la del edil socialista Fran Adame quien no estando habilitado para tomar la palabra hizo uso de esta para pedir la retirada del punto para acabar abandonando el salón plenario tras ser desautorizado por el alcalde. La segunda, la del portavoz del PP, Paco Huertas que advirtió al alcalde que con su beneplácito y anuencia se estaba infringiendo el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la administración.

La tercera, la de la portavoz de Ciudadanos, Puri Joyera que puso en tela de juicio la credibilidad de las palabras de Morales a la que acusó de premeditar su negativa a responder para evitar dar la cara. Estas palabras obtuvieron la inmediata respuesta de María del Mar Morales que pidió a Joyera que no extrajera conjeturas y tuviera más confianza en las personas para concluir “no todos somos iguales, cree el ladrón que todos son de su condición”.

La cuarta, la del portavoz de IU. Miguel Villa se reafirmó en la gravedad política del asunto y reconoció que el Psoe había perdido una oportunidad de oro para explicar a los ciudadanos lo sucedido. Cuando el asunto parecía zanjado, la polémica volvió a hacer acto de presencia tras el anuncio del PP de proponer la creación de una comisión de investigación a fin de aclarar los hechos, una iniciativa secundada por IU, cuyo portavoz defendió ante el fraude al pleno y a la ciudadanía protagonizado por el equipo de gobierno, y por Ciudadanos que no dudo en apoyar la propuesta ante la huída de la edil de fiestas.

Así las cosas, por parte del Psoe, tomó la palabra Teresa Alonso para mostrar su apoyo a su compañera de filas y respaldar su decisión de no declarar. Pero aún quedaba un capítulo más de toda esta historia. El enfrentamiento directo entre Morales y Joyera tendría su continuidad una vez llegado el turno de ruegos y preguntas. La portavoz de Ciudadanos pidió al alcalde la rectificación de Morales por el empleo del dicho popular ya indicado al considerar que con tal expresión había atentado contra su honor que defendió argumentando que ella no podía ser una ladrona porque no contrata con dinero público. Morales, lejos de pedir disculpas se reafirmó en sus palabras y recordó que la portavoz de la formación naranja la había acusado de confabulación y premeditación a lo que Joyera respondió anunciado que se reservaba el derecho a emprender las acciones civiles y penales oportunas.