La presidenta del PP de Lucena y parlamentaria andaluza María de la O Redondo ha criticado los presupuestos autonómicos al considerar que no aportan soluciones y no son transparentes. Redondo ha recordado que las transferencias del gobierno central han aumentado un 7% mientras que la partida de inversiones de la Junta de Andalucía solo crece un 1,2%
La parlamentaria popular ha indicado que desde que Susana Diaz es presidenta de la junta de Andalucía se han dejado de ejecutar 6.700 millones de euros y que del presupuesto autonómico de 2017 solo se ha ejecutado en inversiones un 16%. En materia de sanidad, Redondo ha significado que a pesar del anuncio “estrella” de la administración autonómica de un incremento del 5,4%, lo cierto es que en 2016 de los 102 millones anunciados, después de rebajar la partida a 52 millones, solo se han ejecutado 42, y en 2017, tras reducir la consignación inicial de 132 a 104 millones, a fecha de septiembre, solo se han ejecutado 16 millones de euros.
María de la O Redondo ha aludido a las enmiendas presentadas por su grupo referentes a proyectos que afectan directamente a Lucena, como el centro socio sanitario, la autovía del Olivar, la ronda sur de Lucena o el palacio de justicia, proyecto este sobre el que ha destacado sus dudas acerca de que realmente se pueda acometer durante el próximo ejercicio toda vez que de los 400.000 euros anunciados en su día por la consejera de Justicia para cuatro nuevas sedes judiciales en Andalucía, entre ellas Lucena, ni en la memoria de la consejería ni en la memoria de inversiones aparece Lucena, esto es, según el PP, los 150.000 euros anunciados para nuestra ciudad por parte de Rosa Aguilar, aparecen asignados a la localidad de Torremolinos.
Ante esta situación Redondo ha pedido que el alcalde, Juan Perez, solucione esta duda razonable y de paso se interese por la accesibilidad de la actual sede judicial de Lucena para la que tampoco aparece aportación económica. Finalmente la presidenta local del PP ha valorado de forma pesimista la ubicación de la futura sede judicial en el recinto ferial por cuanto esto supondría una permuta, la consiguiente recepción de los terrenos por parte de la junta y un proceso de licitación que supondrían una demora evidente en la puesta en marcha de este proyecto y un gasto superior a los 150.000 euros prometidos.
