La cronología de los hechos denunciados por la concejal del PP, Charo Valverde en relación con el incumplimiento por parte de la entidad Banco Santander de la normativa vigente en materia de eliminación de barreras arquitectónicas en su oficina de calle El Peso, se remonta al año 2018, fecha en que por primera vez es requerida la entidad bancaria para que proceda a la adecuación de su establecimiento.

Tras dos años de espera sin que el banco ejecute la actuación requerida, el 17 de junio de 2020, en el seno de la Comisión de Urbanismo, a pregunta de los populares sobre el estado de la accesibilidad del citado local se informa que “el problema radica en las escasas posibilidades para adecuar el acceso pues la única opción sería por la cochera colindante y requeriría autorización de los vecinos”

Un mes más tarde, el edil de Urbanismo, Cesar del Espino, en la comisión de julio, afirma que se han dado dos opciones: Adecuar o cambiar de local, en caso de que no hagan una u otra se procederá en consecuencia”

En el mes de septiembre se traslada a los grupos con representación en la Comisión de Urbanismo que el banco está valorando la instalación de un ascensor-elevador en la entrada principal o localizar un local en el centro de la ciudad a lo que desde el PP plantean que se exija cuanto antes el cumplimiento de la orden dada en 2018 y no cuando los interesados consideren oportuno.

La preocupación e interés del PP  por este asunto se manifiesta de nuevo el 11 de noviembre cuando expresan el trato desigual que se le está dando a este establecimiento en relación con otros de nuestro municipio, por lo que rogamos que constara en Acta nuestra petición de requerimiento inmediato para la adecuación del local, o en caso contrario se le revocara la licencia y se procediera a la clausura”

Llegados a este punto, el 9 de diciembre se comunica que desde el Servicio de Urbanismo se ha realizado requerimiento  para adecuación con plazo máximo para su ejecución el 18/10/20, indicándole al interesado que en caso de incumplimiento se impondrán multas coercitivas por importe, cada una, del 10% de la valoración efectuada, incrementado por los intereses y gastos de gestión de las obras, sin perjuicio de la apertura del oportuno expediente sancionador y la posible clausura del establecimiento”

Se cerraba así el año 2020 sin avance alguno. Una circunstancia que se viene repitiendo desde inicios de 2021 toda vez que en enero, Del Espino informa que

las obras se habían comenzado, pero que se habían paralizado y que, realmente, no podía hacerse nada ya que la orden dada era de comenzar las obras y lo habían hecho y que desde el bando planteaban la solución de una plataforma en la calle ocupando parte del dominio público.

Una opción que la Junta de Gobierno Local rechaza y que es objeto de recurso por parte de Banco Santander cuya resolución, a juicio del órgano municipal indicado debe ser asumida por el acalde. Entre tanto se resolvía la competencia para resolver y se tramitaba la resolución del recurso, en fecha 26 de marzo, el edil de Urbanismo informa que ya estaba redactado el Decreto ordenando la ejecución de las obras en el plazo de tres meses, si bien no podía hacerse efectivo hasta que estuviera resuelto el recurso, asunto que el 12 de julio ya estaba sobre la mesa del acalde para su firma según el propio Del Espino

Sin embargo no es hasta el pasado 15 de septiembre cuando hay constancia de que la resolución del recurso ya está firmada por los técnicos municipales y de que la entidad bancaria ha solicitado licencia de obras para la nueva edificación que van a acometer, un nuevo proyecto que puede demorarse en tiempo por espacio de dos años.

Ante este relato de los hechos, desde el PP se preguntan hasta cuándo se va a seguir consintiendo una situación irregular que está a punto de cumplir 4 años, cuando se va a hacer efectiva la orden de ejecución de las obras con fijación de un plazo y advertencia de clausura del local tal y como se ha exigido al resto de ciudadanos que han tenido que hacer frente a una adecuación de sus establecimientos a la normativa vigente.