En mayo de 2017 de las arcas municipales salieron 40.000 euros para abonar a la anterior concesionaria del servicio de ayuda a domicilio los intereses generados por el pago fuera de plazo por parte de la Junta de Andalucía. Ante esta situación el PP solicitó en el mes de julio de aquel año un informe económico para analizar la posibilidad de repercutir ese gasto sobrevenido al ejecutivo autonómico.
Un informe que según los populares ha tardado nueve meses en estar en su poder, concretamente el 6 de abril de este año. No obstante, un día antes, el 5 de abril el escrito de referencia es incluido por vía de urgencia en Junta de Gobierno Local al objeto, según el PP, de aprobar una reclamación “light” a la Junta de Andalucía, y se añade al expediente sin la preceptiva firma del técnico municipal. Una actuación del equipo de gobierno que desde el PP califican de soez, irresponsable y desleal para con la oposición.
El edil de los populares, Francisco Aguilar, encargado de hacer pública esta situación ha señalado que el equipo de gobierno siempre actúa a remolque de la oposición mostrando además una actitud sumisa ante la Junta de Andalucía como lo demuestra no solo esta tímida reivindicación sino el hecho de ordenar el pago de 4.287 euros que reclama el ente andaluz derivados del convenio del servicio de atención temprana.
Aguilar, en su discurso ha expuesto el trato que la junta dispensa a Lucena a tenor de la deuda que mantiene con el consistorio por el servicio de ayuda a domicilio que a fecha 4 de abril de 2018 se situaba en 800.000 euros, cantidad que poco después se ha visto rebajada hasta los 600.000 euros. Una deuda que obliga al ayuntamiento a adelantar dinero constantemente para que la empresa encargada de prestar el servicio pueda hacer frente al pago de las nóminas de sus trabajadores, que pone en peligro la tesorería municipal y que impide inversiones en infraestructuras en nuestra ciudad.
El PP ha anunciado que seguirán fiscalizando la actuación del equipo de gobierno en este asunto y analizarán mediante un estudio el cumplimiento de los pagos por parte de la Junta que si bien antes estaban establecidos semestralmente ahora han de producirse mes a mes.
