Según ha revelado el PP el presupuesto de las obras de eliminación de barreras arquitectónicas en la sede judicial de Lucena asciende a la cantidad de 875,16 euros, cantidad insuficiente a juicio de los populares para solventar en profundidad los problemas de accesibilidad de este inmueble.

De hecho según ha anunciado la parlamentaria andaluza del PP, María de la O Redondo se trata de una licencia de obra menor en la que se describe como objeto de esta intervención la eliminación de nueve metros cuadrados de tabiquería ejecutada a mano, el levantamiento de 2,5 metros cuadrados de solería, la sustitución de tres puertas de paso, cuatro metros cuadrados de tabiquería y otros 2.5 metros cuadrados de solería.

En este sentido recuerdan desde el PP que la consejera de Justicia, Rosa Aguilar explicaba en comisión parlamentaria una actuación de mayor calado haciendo alusión al requerimiento efectuado a los propietarios del inmueble para la eliminación de barreras arquitectónicas y a la aceptación por parte de aquellos de este cometido señalando la representante socialista que en concreto había que actuar en la eliminación del escalón de acceso y la ampliación de tres hojas de las puertas de la planta baja hasta los noventa centímetros para facilitar el acceso de usuarios en silla de ruedas, la adaptación de dos aseos y la creación de uno nuevo específico para personas con discapacidad, y la instalación de barandillas tanto en planta baja como en el tramo de acceso al nivel superior, medidas no contempladas en su totalidad en la referida licencia.

Aguilar argumentaba que toda esta información fue trasladada el 9 de mayo por técnicos de la delegación de gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba tanto al área municipal de urbanismo como al juez decano de Lucena y no olvidó en su intervención aludir a la petición del consistorio lucentino de un ascensor que conectase las dos plantas de la sede, una solicitud que no han podido atender los propietarios porque lo impide la propia estructura del edificio.