El  pleno  ordinario del mes de octubre abordaba la necesidad de incluir en el Reglamento Orgánico Municipal un mecanismo que arbitre que los gastos de representación y defensa jurídica en los procesos judiciales penales contra los miembros de la Corporación serán indemnizables por el Ayuntamiento, a título de gastos ocasionados en el ejercicio del cargo,  siempre que no concurran circunstancias que obliguen a calificarlos como gastos realizados en interés propio o a favor de intereses ajenos al general de la entidad local.

La propuesta plantea que  el inculpado deberá informar al Alcalde, con carácter previo, la forma de articular la defensa jurídica y representación, ya sea tanto la contratada por el Ayuntamiento como la libremente designada por el mismo.

Esta medida, suponía dar luz verde a la indemnización de los gastos jurídicos del alcalde de Lucena y de la anterior edil de Fiestas, María del Mar Morales, en el primer caso de procurador, y en el segundo de procurador y de abogado por el enjuiciamiento en relación a las contrataciones de la Feria del Valle 2017.

Ciudadanos, Partido Popular y Vox votaban en contra de la normativa, argumentando  que se trata de duplicar un gasto debido a que ya existe un seguro jurídico por el que se cubre la necesidad de defensa que pueda tener cualquier miembro de la corporación municipal. Un servicio, que según el portavoz del Partido Popular, Francisco Aguilar, asciende a una cuantía de 38.800 euros por dos ejercicio.

Por su parte, Teresa Alonso, argumentaba que se trata de un derecho reconocido, el poder contratar servicios externos para poder defenderse de la manera que se considere mejor oportuna, para lo cual se cuenta con la opinión favorable de la Jefa de Servicio.

Jesús López, retomaba la palabra recriminando a Alonso que indicase que este grupo político coartaba los derechos de los concejales, cuando reiteró, lo único que se pretendía era evitar una duplicidad del gasto a las arcas municipales. Por su parte, Francisco Aguilar, solicitaba en su segundo turno que la medida se aplicara también a todos los trabajadores públicos que tengan acceso a este servicio.

Finalmente, con los votos a favor de PSOE e Izquierda Unida se daba luz verde al nuevo Reglamento así como la indemnización al alcalde por una cuantía de 64,20 euros por gastos de procurador, mientras que la anterior edil de fiestas sería indemnizada por 1.062,45 euros.