El ayuntamiento ofrece asesoría a los propietario afectados, que según datos provisionales ascienden a unos 3.000 inmuebles, el 5% del censo catastral municipal. La teniente de alcalde de Hacienda, Araceli Bergillos, ha comparecido esta mañana ante los medios de comunicación para aclarar que las notificaciones catastrales que están recibiendo numerosos ciudadanos de Lucena forman parte del proceso de regularización catastral desarrollado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública a nivel nacional.
Según explica el propio ministerio en su web, dicho proceso tiene como objetivo dar de alta cualquier alteración que se haya realizado en los inmuebles, tanto urbanos como rústicos, y que no se haya declarado. En este sentido, la concejal lucentina ha explicado que “lo correcto cuando un propietario hace una obra o un cambio en el uso de su vivienda o finca rústica es comunicarlo al Catrastro”, sin embargo para detectar aquellas irregularidades el ministerio lleva a cabo desde el año 2012 una regularización de las expedientes catastrales iniciando el proceso girando a cada propietario con alteraciones en su inmueble el pago de una tasa de 60 euros, sin carácter sancionador.
“Desde Lucena, pedimos al Ministerio que la revisión no se hiciera en nuestra ciudad hasta este año, con la intención de llevar a cabo desde el ayuntamiento una propia revisión que no llevara aparejada el pago de 60 euros que sí aplica el Gobierno”, ha comentado Bergillos, quien ha presentado como resultado de ese proceso unas 550 unidades catastrales revisadas que se cerraron con unas liquidaciones por valor de 104.000 euros, con una media de 189 euros por propiedad.
Por los datos avanzados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública al consistorio, el proceso de revisión catastral actual afecta, según unas estimaciones presentadas como “provisionales”, a unos 3.000 inmuebles de la ciudad, lo que representa en torno al 5% del censo catastral de Lucena formado por 52.000 unidades catastrales, entre las urbanas y las rústicas. Esta revisión, además del pago de las liquidaciones por las irregularidades detectadas, supondrá el incremento de todos los impuestos que toman como base el valor catastral para calcular la cuantía a abonar, así como la liquidación del IBI de los últimos cuatro años por la diferencia entre el anterior valor catastral y el revisado.
Durante su comparencencia, Araceli Bergillos ha avanzado que tras las notificaciones enviadas por el ministerio los vecinos disponen de un plazo de 20 días para formular alegaciones, si lo consideran necesario. Para ayudar a los ciudadanos en ese trámite, “el ayuntamiento pone a disposición todos los recursos humanos y técnicos de la Oficina del Catastro para asesorar a los propietarios, incluso ha ofrecido a la empresa contratada por el ministerio un espacio en la Gerencia de Urbanismo para atender allí a los vecinos y así evitarles traslados innecesarios hasta la sede de dicha sociedad en Córdoba”.
