El Ayuntamiento de Lucena y el Instituto de Cooperación con la Hacienda Local, dependiente de la Diputación de Córdoba, ampliarán los servicios recogidos en el convenio de colaboración suscrito entre ambas entidades sobre la delegación de competencias en materia de gestión tributaria y recaudación, asesoramiento económico y asistencia informática.
El nuevo acuerdo, una vez que se implante en su totalidad, supondrá además un ahorro económico para el consistorio lucentino de 186.000 euros anuales respecto al actual convenio. En palabras de la concejal de Hacienda y Régimen Interior, Araceli Bergillos “este nuevo convenio nos trae una nueva relación con Hacienda Local más ventajosa para los ciudadanos al contener una cartera de servicios ampliada y a un menor coste para el ayuntamiento”.
Araceli Bergillos defendía en el pleno de agosto que “la adhesión a la nueva propuesta de convenio aportaría un paso adelante en la modernización en los procedimientos y facilitará a la ciudadanía el cumplimiento de sus obligaciones tributarias” y todo esto sin obviar “el ahorro de costes que para el ayuntamiento supone que sea hacienda Local quien se haga cargo de las notificaciones electrónicas y en papel, implante dentro de su plataforma el TPV virtual y la pasarela de pagos, así como el aumento de delegación de facultades en materia de recaudación, referidas a las autoliquidaciones y liquidaciones directas”.
El punto contó con los votos a favor de Partido Socialista y Ciudadanos, la abstención del Partido Popular y el voto en contra de Izquierda Unida. Desde esta formación política, Miguel Villa, reincidía en defender una gestión de los tributos desde el propio ayuntamiento, recordando que el consistorio destina un millón de euros al año para que Eprinsa recaude los impuestos municipales.
Desde Ciudadanos, su portavoz, Purificación Joyera, recriminó a la edil de Hacienda, que hiciera a la oposición elegir entre los malo y lo peor, dijo, por lo que solicitó que se estudiasen medidas que permitiesen realizar la recaudación con medios propios del Ayuntamiento. El Partido Popular, manifestó una posición similar, demandando un “estudio serio para que la gestión de impuestos se lleve a cabo desde el propio ayuntamiento”.
Este nuevo convenio permite que la nueva relación de actividades y servicios se organice en cuatro grandes bloques. En cuanto a la gestión tributaria y recaudatoria, Hacienda Local se encargará de la gestión íntegra de los impuestos locales obligatorios (IBI, IVTM e IAE); la gestión de la titularidad catastral de inmuebles urbanos y rústicos; la gestión censal e inspección del Impuesto sobre Actividades Económicas por delegación del Ministerio de Economía y Hacienda; el asesoramiento tributario y la recaudación ejecutiva de tasas, precios públicos, sanciones administrativas y otros ingresos de derecho público municipales.
En cooperación financiera, Hacienda Local queda obligada a la entrega en el mes de febrero de cada año, en concepto de pago a cuenta de la recaudación que se realizará en el ejercicio, de una cantidad equivalente al 80% del cargo generado en el ejercicio anterior. Respecto a la gestión económica, los servicios incluidos en el convenio son el asesoramiento general en materia presupuestaria y contabilidad; la asistencia directa para el cierre de la contabilidad y liquidación de presupuestos anuales; estudios sobre costes y análisis de viabilidad de servicios y proyectos económicos municipales; la formación del personal técnico municipal; y la elaboración de circulares informativas para la coordinación y unificación de criterios en la actuación económica municipal.
Por último, en materia informática la cartera de servicios recoge el desarrollo, instalación, formación y mantenimiento de las trece aplicaciones informáticas actualmente instaladas en el ayuntamiento; el asesoramiento técnico y asistencia para la cobertura de necesidades informáticas; la asistencia técnica para la gestión de sistemas centrales y comunicaciones informáticas; el soporte integral de seguridad para los sistemas informáticos; y el soporte en microinformática. Con el nuevo convenio, la aportación económica municipal pasa del 4% + 0,75% al 3,5% + 0,5%, aunque la implantación de esa reducción será progresiva hasta alcanzar los 186.000 euros anuales, sobre una cantidad que en 2017 se cerró en 913.000 euros.