El grupo de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Lucena, a través de su portavoz y nuevo concejal , Jesús López, presentará una moción al Pleno próximo sobre la ocupación ilegal de las viviendas. La moción señala que “los delitos de ocupación de edificios y viviendas, calificados como “usurpación” y tipificados en el Código Penal como utilización de inmuebles ajenos sin autorización o de forma violenta han experimentado un elevado crecimiento durante los últimos años en nuestra ciudad, sobre todo en zonas como el Plan Oeste 1, Avenida del Parque, Calle Santiago, Calle Mediabarba, Calle Huertas o Calle Pedro Izquierdo, entre otros, en algunos casos promovida por grupos de delincuencia organizada, bien como meros intermediarios que tratan de obtener un lucro aprovechándose de la desesperación de muchas familias que carecen de una vivienda o que la han perdido en un desahucio, o bien que utilizan el inmueble ocupado como base de operaciones para otras actividades criminales, como es el caso del tráfico de drogas o menudeo”.
Manifiestan en la misma que “otra situación muy importante a tener en cuenta de esta problemática es la situación de los menores. Se tiene constancia de la existencia de menores de edad en los inmuebles ocupados, viviendo en condiciones de inhabitabilidad , hacinamiento y sin garantizar los suministros básicos, desprotección y vulnerabilidad. Es deber de la Administración Pública garantizar que se cumple el derecho que tenemos todos a habitar en una vivienda digna y adecuada, premisas que en la mayoría de los casos no cumplen estas viviendas ocupadas”. Apunta que “el crecimiento en los casos de ocupaciones ilegales tiene su origen, por un lado, en una carencia de instrumentos legales que permitan reaccionar frente a las mismas una vez constatadas y promover un desalojo efectivo de los inmuebles en un plazo breve de tiempo y, por otro, en una escasez de medios humanos y materiales para poder llevar a cabo la detección de estas ocupaciones y ejecutar las correspondientes órdenes de desalojo”.
Señalan que “la falta de respuesta por parte de los poderes públicos está generando una sensación creciente tanto de desprotección para los legítimos propietarios de las viviendas ocupadas como para los vecinos que tienen que enfrentarse a este tipo de situaciones sin que se haga nada al respecto, así como de impunidad para las mafias que realizan este tipo de actividades delictivas”.
Informan que “el pasado 3 de julio de 2018 entró en vigor la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000 de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas, conocida popularmente como “Ley anti-okupas”. Esta Ley ha venido a consagrar un cauce procesal que, desde el punto de vista de la jurisdicción civil, ampara a los propietarios y poseedores legítimos de viviendas frente a la ocupación. Por tanto, se hace necesario reforzar la actuación llevada a cabo por los organismos municipales para garantizar la seguridad y convivencia ciudadana frente a la ocupación ilegal de la vivienda”.
En este sentido , instan al Pleno del Ayuntamiento a adoptar “acuerdos contra el aumento de los delitos contra el patrimonio y el deterioro de convivencia vecinal motivados por las ocupaciones ilegales, con la puesta en marcha un Plan de Protección de la Convivencia y Seguridad Vecinal contra la ocupación ilegal que incluya, entre otras medidas, la creación de una Comisión especial de Defensa de los Derechos de los Vecinos afectados por la Ocupación Ilegal, como órgano encargado de la función de velar por la seguridad y la convivencias vecinales afectadas por la ocupación ilegal”.
