El ayuntamiento actuaría como garantía de los arrendatarios frente al posible impago de las rentas.
El grupo municipal Ciudadanos XLucena presentará una moción en el pleno de octubre para activar el mercado del alquiler en Lucena. Según expresan en el texto, el acceso a una vivienda de alquiler se ha convertido en una dificultad creciente para la ciudad.
Puri Joyera exponía que junto al incremento de los precios y la reducción de la oferta existe otro problema, los numerosos pequeños propietarios que han decidido mantener sus viviendas fuera del mercado de alquiler ante la percepción de inseguridad económica que supone un eventual impago de las rentas y el tiempo necesario para recuperar la posesión de la vivienda. Esta situación, señala, afecta especialmente al pequeño propietario que dispone únicamente de su vivienda habitual y de una segunda vivienda susceptible de ser arrendada, y que no tiene capacidad económica para asumir durante un largo periodo la falta de cobro de las rentas.
Además, existen trabajadores con contratos temporales, trabajadores fijos discontinuos, autónomos, familias con hijos u hogares con ingresos estables pero sin contrato indefinido, avalista o elevada capacidad de ahorro, que no encuentran acceso a vivienda de alquiler. Joyera exponía que no se trata necesariamente de hogares en situación de vulnerabilidad ni de demandantes de vivienda social.
En este espacio intermedio entre el mercado libre convencional y la vivienda social, encontramos según Ciudadanos, por un lado, propietarios dispuestos a alquilar si cuentan con una protección suficiente frente al impago y, por otro, familias con capacidad económica real para pagar una renta pero con dificultades para que un propietario confíe en ellas.
Ante ello, este grupo político propone estudiar e implantar en Lucena un mecanismo municipal destinado específicamente a que viviendas vacías se incorporen al mercado de alquiler en condiciones previamente establecidas. La finalidad, argumentan, no sería que el Ayuntamiento sustituya al arrendatario en sus obligaciones ni garantizar cualquier contrato privado de alquiler si no movilizar nuevas viviendas hacia el mercado residencial mediante una garantía pública limitada, sometida a requisitos, controles y disponibilidad presupuestaria.
En caso de que la familia dejara de pagar el alquiler, el arrendador sólo asumiría el primer o segundo impago, y el ayuntamiento afrontaría cerca del 90 por ciento de la cuantía que no se abone, siempre acreditando que se haya requerido el pago y que exista una demanda interpuesta.La vivienda además deberá cumplir una serie de características como encontrarse en el término municipal de Lucena, reunir las condiciones legales necesarias para ser arrendada, y respetar el límite de renta establecido por el ayuntamiento.
Según Joyera, para dar seguridad a los arrendatarios el Ayuntamiento establecerá una partida presupuestaria específica destinada a compensar parcialmente determinadas rentas impagadas de los contratos incorporados al programa. La configuración definitiva deberá determinarse, concluye, mediante los correspondientes informes jurídicos, económicos y de Intervención.
