El pleno del Ayuntamiento de Lucena daba luz verde al la modificación de la ordenanza que regula la tasa por expedición de resolución administrativa que acuerda la declaración de asimilado al régimen fuera de ordenación (AFO) de las obras, construcciones, edificaciones e instalaciones ubicadas en suelo no urbanizable.
Este cambio se materializa en la aprobación de un precio fijo por expediente, que se reduce en la mayoría de los procesos, a 799 euros, descartando la parte variable, en función de las dimensiones de la construcción a regularizar, que viene aplicando actualmente la ordenanza.
La portavoz socialista, Teresa Alonso, argumentaba el voto en contra de este grupo político en diferentes motivos, como que la modificación se salta el principio de equivalencia que hace que se pague más en función del tamaño y los materiales de la vivienda. Además, indicó que supondrá una merma en los ingresos de las arcas municipales, y que llega tarde, poniendo en duda que este año se puedan alcanzar los 500.000 euros de ingresos previstos por el equipo de gobierno.
El concejal de Izquierda Unida, Miguel Villa también defendió su postura en contra de la modificación de la ordenanza.
Desde Ciudadanos Lucena, Puri Joyera, defendía la propuesta indicando que con esta modificación se pretende dar respuesta a una situación que se viene dando en Lucena y señalaba que es necesario que se paguen impuestos y se regularicen estas edificaciones.
La concejal delegada de Hacienda, María de la O Redondo, explicaba que la medida va a traer seguridad jurídica y beneficios sociales, además de ofrecer la regularización de estas viviendas para que tengan las condiciones básicas de salubridad. Redondo, indicaba que cada asimilado va a generar ingresos en distintos sectores que repercutirá directamente en el Ayuntamiento.
PP, Ciudadanos, Vox y el concejal no adscrito votaron a favor de esta medida, mientras que PSOE e Izquierda Unida votaron en contra.
