El concejal delegado de Urbanismo, Cesar del Espino ha comparecido ante los medios de comunicación tras la celebración de la Junta de Portavoces en la que se ha tratado el asunto del posible corte de suministro de agua, por parte de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, CHG, a la 500 familias que cuenta con residencia en Campo de Aras.
Del Espino ha expuesto que la Corporación Municipal está dispuesta a escuchar, acompañar y apoyar al colectivo de vecinos afectado aun reconociendo que el consistorio no tiene competencias en este asunto, toda vez que se trata de una denuncia efectuada por un organismo autónomo de ámbito supramunicipal que no tiene obligación de trasladar notificación alguna sobre lo acordado al propio ayuntamiento, subrayando que existen fundamentos jurídicos suficientes en el expediente abierto que constatan el hecho real de una captación de agua que no cuenta con autorización y destacando que se trata de un problema que tienen los vecinos de Campo de Aras con CHG y en el que el consistorio va a tratar de mediar en aras de una solución definitiva.
Para el edil de Urbanismo la solución definitiva a este conflicto pasa necesariamente por la legalización de esta zona de segunda residencia, esto es, aprovechar esta oportunidad para poner en valor la ordenación urbanística de esta área aprobada en 2001 y a través de la cual los vecinos tuvieron la oportunidad de transformar en suelo urbano los terrenos en cuestión con la posibilidad de contar con todos los servicios públicos necesarios.
Para ello, Del Espino ha anunciado que el ayuntamiento lleva meses trabajando en el desarrollo del denominado Plan Especial de Infraestructuras Lucena Sur, un instrumento urbanístico que está siendo valorado por el área de contratación del consistorio como paso previo a la licitación de su redacción y que permitirá incluir el conjunto de infraestructuras de agua, luz y de telecomunicaciones no solo de Campo de Aras sino de la totalidad de zonas residenciales y suelos industriales al sur de la ciudad.
El concejal socialista ha reconocido que puede ser un proceso largo y complejo y en el que el consenso de los vecinos es de todo punto necesario en aras de que CHG a la vista de esta voluntad pueda paralizar la orden de dada de corte del suministro de agua.
De contar con el apoyo de la asociación Crisaras, según Del Espino situaría este conflicto en el punto de partida para la dotación de las infraestructuras necesarias y paso previo para el desarrollo urbanístico de la zona en la que se requeriría la aportación económica de los propietarios.
