La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación pretende poner en marcha un proyecto piloto del nuevo modelo de procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Andalucía. Esta propuesta, que en el caso de Córdoba se llevará a cabo en los municipios de Lucena y Montilla, tiene como objetivo reducir a cero la lista de espera en dependencia existente en estas localidades al agilizar el procedimiento de tramitación de la dependencia, tanto la valoración como la propuesta de acceso a las prestaciones, acortando los plazos y tiempos de respuesta a la ciudadanía.
El delegado territorial en Córdoba, Antonio López Serrano, ha subrayado que, con esta iniciativa, “el Gobierno andaluz da un paso más hacia uno de sus objetivos prioritarios en materia de dependencia, la reducción de forma sustancial de las listas de espera y los tiempos de tramitación de las solicitudes para garantizar una atención adecuada de las personas dependientes”.
Andalucía ha cerrado el mes de julio con la cifra récord de 240.632 personas beneficiarias en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, lo que supone un máximo histórico en la comunidad y un incremento del 5,3% respecto a 2020. La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación que encabeza Rocío Ruiz ha destacado que estas cifras suponen una mejora sustancial respecto al inicio de la legislatura, ya que se ha reducido la lista de espera de personas pendientes de una propuesta de PIA en casi un 30% (23.909 personas) a pesar de la pandemia, que ha supuesto un mayor esfuerzo de gestión para seguir incorporando a personas beneficiarias. Asimismo, respecto a 2018 el número de personas beneficiarias se ha incrementado en 28.389 y el número de prestaciones ha aumentado en 51.568.
López ha explicado que la complejidad del actual procedimiento administrativo diseñado para la atención a la dependencia, en el que se suceden distintas fases para la valoración del grado de dependencia y el establecimiento de la modalidad de intervención más acorde a las necesidades detectadas, “supone una ralentización en la respuesta a las personas en situación de dependencia”.
