PSOE e IU, presentaban en el pleno ordinario de enero y por vía de urgencia, una moción cuyo objetivo era instar a la Junta de Andalucía a evitar el cierre de las 13 Oficinas Liquidadoras de nuestra provincia. Una iniciativa que se solventó favorablemente gracias al voto de calidad del alcalde.
Ambas formaciones políticas denuncian en el documento presentado la supresión y vaciado de competencias que han sufrido las Oficinas Liquidadoras de la Agencia Tributaría en Andalucía. Una decisión tomada por el Gobierno de coalición andaluz y que vuelve a dejar a Córdoba como la mayor perjudicada con un total de 13 oficinas cerradas.
Una decisión que los socialistas tachan de “insensible”, a la vez que “perjudicial”, sobre todo en los núcleos rurales, ya que estas oficinas prestaban un servicio cercano y eficiente a los contribuyentes como la gestión de los impuestos de Transmisiones Patrimoniales, Actos Jurídicos Documentados, Sucesiones, Donaciones, a la vez que registraban las alegaciones, aplazamiento o fraccionamiento de pagos. Junto al cierre también se han tomado otras medidas como la reducción del horario de atención al público o la obligación de pedir cita previa para ser atendido.
Un planteamiento que en primer lugar encontró la oposición del grupo político municipal VOX. En nombre de Ciudadanos, su portavoz, Jesús López califico el escrito de “panfleto” y acusó a los defensores de la moción de falsear la realidad negando el cierre de las referidas oficinas.
Cabe significar que para la aprobación de esta moción Psoe e Iu proponían “mostrar su rechazo a la propuesta del Gobierno de la Junta de Andalucía para la modificación del convenio que regula el funcionamiento de las Oficinas Liquidadoras de Andalucía, instar al consejero de Hacienda para que el organismo competente firme un nuevo convenio con los Registradores de la Propiedad de Andalucía que garantice el mantenimiento de las 91 Oficinas Liquidadoras de Andalucía, manteniendo los puestos de trabajo, con todas las competencias y servicios que tenían en el anterior convenio, incluido el servicio de asesoramiento para realizar la declaraciones del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas”.
A tenor de la moción presentada el pasado 31 de diciembre de 2019 expiraba la vigencia del convenio de la Junta de Andalucía con los Registros de la Propiedad encargados de la gestión, liquidación y recaudación de los impuestos a través de las 91 Oficinas Liquidadoras ubicadas en los Registros de la Propiedad de las principales comarcas de las ocho provincias de nuestra comunidad autónoma. Ante la finalización de este convenio, el actual Gobierno de coalición de Andalucía, integrado por el PP y Ciudadanos, ha planteado una reforma de éste, que supone un cambio en el modelo hasta ahora vigente y en el que solo 24 oficinas de toda Andalucía serán las que tendrán las competencias de información, asesoramiento y comprobaciones tanto de muebles como inmuebles. Las 67 oficinas restantes, incluida la instalada en Lucena, se quedan sin apenas competencias y serán meros registros de entrada (oficina-buzón).
Ante tal argumentación, el portavoz del PP, Francisco Aguilar puntualizó que todo lo expuesto por las formaciones de izquierdas era falso y que era fácil de comprobar la realidad de la situación toda vez que el portal de transparencia de la Agencia Tributaria de Andalucía refleja perfectamente el ámbito funcional y la determinación de las compensaciones por el ejercicio de las funciones delegadas de la oficina de Lucena con respecto a la cual Aguilar negó que fuera a dejar de actuar como oficina liquidadora.
Intervino finalmente el alcalde de Lucena, Juan Pérez para sembrar dudas en cuanto a lo aseverado por el portavoz popular y para indicar que a su partido le preocupa igualmente la grave situación de incertidumbre laboral en la que en la actualidad se encuentran los 400 empleados y empleadas que hasta ahora se encargaban de estas tareas.
