Desde Podemos Lucena queremos mostrar a través de una nota de prensa, su más sincero y enérgico apoyo a las trabajadoras de los Institutos que pertenecen a la plantilla de la empresa Tempo Facility Services.
Desde este grupo político indican que entienden la angustiosa situación laboral, económica, social y personal por la que están atravesando y es por esto, añaden, por lo que ya están realizando gestiones a través de sus representantes en el parlamento autonómico para que insten a la Junta de Andalucía a resolver este impresentable hecho con rápida inmediatez.
Según Podemos Lucena, la Junta de Andalucía, es responsable civil subsidiario del servicio y debe obligar a la empresa a que pague como marca el convenio colectivo y cumpla el pliego de condiciones de la adjudicación del servicio”. Entendemos, añaden, que la Junta podría ejecutar el aval presentado por la empresa en el contrato para abonar a las trabajadoras los salarios que se les deben.
Urge, a nuestro entender, explican, revisar la ley que rige los contratos del sector público donde prima la oferta económica, lo que desemboca en abrir la puerta a ofertas que constituyen bajas temerarias. De hecho, explican, el pasado 18/12/2019 la Diputación de Segovia rescindió el contrato con dicha empresa de mutuo acuerdo y además aceptando la empresa el ponerse al día de sus obligaciones con l@s emplead@s.
Podemos añade que esperan y desean que la Junta actúe con carácter de emergencia ante esta flagrante situación laboral ya que se atenta, señalan, contra el Artículo 23.3 de la Declaración Universal de los derechos humanos y el Artículo 35.1 Constitución Española de 1978, además de contra Estatuto de Autonomía de Andalucía.
Desde Podemos Lucena añaden que debido a la dejadez de esta empresa en sus obligaciones con l@s trabajador@s a nivel nacional y dado el hecho de la presentación de un concurso de acreedores por parte de la misma, es necesaria una pronta resolución del problema a través de la Junta que redunde en el cobro de las mensualidades pendientes con l@s trabajador@s.
Señalan, que la Administración Andaluza responsable no puede dilatar más la solución porque debido a la cantidad de meses impagados y a la nula respuesta a negociar por parte de la empresa, la situación de l@s escolares es inadecuada debido al estado de las instalaciones y es asumible y comprensible además la preocupación por parte de las AMPAS.
Así pues, concluyen que esperan que gracias al apoyo generalizado de la sociedad lucentina se pueda lograr que los responsables políticos de la Junta tomen el control urgente de esta situación y cumplan con sus deberes constitucionales de salvaguardar el cumplimiento de las leyes y el respeto universal a los derechos humanos que protegen a cualquier ciudadan@.
