viernes, septiembre 20, 2024

IU defiende que el Pleno inste a la Junta a celebrar una reunión urgente sobre el CARE lucentino

Izquierda Unida ha presentado ante la Junta de Portavoces, como ya hiciera en el mes de mayo de 2017, una propuesta para que el Pleno acuerde instar a la Junta para mantener una reunión colectiva de todos los portavoces de los Grupos Políticos del Parlamento Andaluz, del Presidente de la Junta y el Consejero de Salud, con todos los portavoces de los Grupos Políticos del Ayuntamiento de Lucena, el concejal no adscrito, un representante de la Plataforma Cíudadana “Lucena por sus necesidades sanitarias” y encabezada por nuestro Alcalde, al objeto de poner sobre la mesa ante todos los actores políticos y sociales implicados, el problema y la solución a la justa reivindicación de un hospital de alta resolución para Lucena

Esta propuesta, que figurará incluida en el orden del día del Pleno que se celebrará el próximo martes 29 de enero, ha sido aceptada por unanimidad de todos los Grupos Políticos y el Alcalde como oportuna.

IU recuerda que durante más de 13 años, desde que la Plataforma Ciudadana “Lucena por sus necesidades sanitarias”, convocara a toda la ciudadanía de Lucena para reivindicar un hospital para Lucena, la Junta de Andalucía, presidida y dirigida por el PSOE de Andalucía, ha sido incapaz de dar respuesta a nuestra reivindicación, con continuas promesas incumplidas y finalmente, ya en periodo electoral, con la publicación de la licitación del proyecto de Centro Sanitario y la firma por parte del Alcalde de Lucena de un Protocolo de intenciones políticas, que a juicio de esta formación, no beneficia a nuestra ciudad por cuanto parte de los costes de construcción se derivan al Ayuntamiento como la desviación o soterramiento línea eléctrica

Protocolo que incluye la exención a la Junta de todo pago de tributos locales que les corresponderían pagar por el equipamiento y construcción de esta infraestructura así como  la aceptación municipal de no acudir a los tribunales de justicia a defender los intereses del ayuntamiento en el caso de que hubiera algún tipo de desavenencia entre la Junta y el consistorio.

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