Tras la entrada en vigor de la jornada laboral de treinta y siete horas y media para funcionarios, medida puesta en marcha por el consistorio lucentino de manera pionera tras su aprobación en 2012, los presupuestos generales del Estado para 2018 contemplaban la posibilidad de que aquellos ayuntamientos que hubiesen cumplido con el objetivo de estabilidad presupuestaria pudieran implantar nuevamente la jornada laboral de 35 horas.
Para el PP el equipo de gobierno aún no ha tomado iniciativa alguna en este asunto por lo que han registrado un escrito en el que solicitan que técnicos municipales redacten un informe que avale esta posibilidad a la luz del estado económico del ayuntamiento y sus organismos dependientes.
De forma paralela desde el PP también reclaman la puesta en práctica del pago del 100% de la base reguladora a aquellos empleados municipales que registren algún periodo de incapacidad temporal. La edil popular María de la O Redondo ha indicado que se trata de un escrito registrado con carácter de urgencia toda vez que la situación debe estar resuelta antes del 31 de diciembre para su posible aplicación a lo largo de 2019.
Redondo ha explicado que la única duda que ofrece la aplicación de esta medida es saber si el objetivo de equilibrio económico de los consistorios afecta o no a sus entes dependientes y fundaciones vinculadas ya que tanto la fundación “el Tempranillo” como la de Ciudades Medias arrastran un déficit de 93.000 euros lo que podrían impedir la aplicación de la jornada laboral de 35 horas. No obstante en el PP confían en que finalmente se establezca independencia entre el consistorio y el resto de entidades.
