El portavoz de Izquierda Unida, Miguel Villa, solicitaba la comparecencia de los ediles de Personal, Teresa Alonso y de Seguridad Ciudadana, Francisco Jesús Adame, para aportar luz en torno a la sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de Córdoba y el informe del Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía que consideran hechos probados, según explicaba Miguel Villa, que un  Policía Local de la Jefatura de Lucena  “sufrió una situación claramente degradante en el trabajo  y como consecuencia se vio obligado a padecer una enfermedad de la que el juzgado dictaminó que era consecuencia del trato de sus superiores”.

El portavoz de Izquierda Unida, añadía, que dicha sentencia continúa afirmando que “el agente a pesar de haber ascendido a oficial en 2009 no llegó a desarrollar la tarea de esa categoría si no que sólo de manera atemporal desarrollaba las funciones que les correspondían por su cargo”. Dicha situación, según Villa, provocó aislamiento y degradación profesional en el estado laboral de esta persona, por lo que  Miguel Villa,  solicitó a la edil de Personal que el Ayuntamiento abriera un  expediente disciplinario contra los superiores, dijo, que permitieron esta situación.

La concejal delegada de Personal del Ayuntamiento de Lucena, Teresa Alonso, se posicionaba en la determinación de no abrir un expediente disciplinario debido a que no existe, dijo, un hecho que lo motive. En este sentido, pidió también respeto hacia las otras partes implicadas.  Alonso, reiteró que no existía  nada por lo que se pudiera afirmar que había  existido una situación de acoso laboral.

El informe del   Consejo Consultivo de Andalucía instaba a que el Ayuntamiento de Lucena indemnizara a este agente por una cuantía de 20.000 euros, una cifra  considerablemente inferior a la que solicitaba el policía local  y que ascendía a 60.000 euros. No obstante, el informe no es vinculante, y el equipo de gobierno ha decidido en Junta de Gobierno Local no hacer frente a dicha cuantía.

Los hechos denunciados se remontan al año 2015 cuando se da entrada en el consistorio a un parte de baja por parte de este agente. El problema que se determina, según Alonso, “no es acoso laboral si no que se refiere a la denuncia del oficial más nuevo de la plantilla con frustración por ser el nuevo oficial en cuerpo jerarquizado”. La edil delegada de Personal, también indicó que tampoco se resuelve una sanción contra la administración algo que sólo se hace si se considera omisión por parte del Ayuntamiento.

Alonso, indicaba que no se ha podido concluir corresponsabilidad con ninguna persona por lo que no se han solicitado medidas disciplinarias.