El PP de Lucena pide el cese de Teresa Alonso por su “arrogancia, prepotencia y su nula capacidad de gestión en materia de personal”

0
135462

El portavoz del PP de Lucena, Paco Huertas ha señalado públicamente la “arrogancia, la prepotencia y la falta de capacidad de Teresa Alonso” para gestionar el área municipal de personal tal y como a juicio de los populares ha quedado demostrado en el asunto de la Valoración de Puestos de Trabajo del consistorio lucentino, un tema que según Huertas desde su inicio ha sido un caos y ha concluido en un desastre que ha llevado aparejado un considerable despilfarro económico.

Su compañero de filas, Francisco Aguilar ha incidido en que Alonso ha contado con la complicidad del alcalde, Juan Pérez del que ha dicho que “o no se entera o no quiere enterarse”. Para Aguilar el asunto de la VPT es un claro ejemplo de cómo no debe gestionarse un ayuntamiento en materia de personal toda vez que a la luz del informe jurídico solicitado por el PP han quedado de manifiesto diversas irregularidades como por ejemplo la composición de la mesa de negociación que debe estar integrada exclusivamente por personal técnico, o la ausencia de fundamentación jurídica en la valoración económica, o el hecho de rebasar, en contra de la Ley General de Presupuestos, en más del 1,5% estipulado el incremento salarial de la plantilla municipal.

Un proceso que según ha denunciado el PP ha supuesto un gasto de 22.000 euros con destino a la empresa que realizó el trabajo previo, y más de 150.000 euros en función de las más de 2.500 horas de trabajo invertidas por el personal que ha intervenido en las distintas mesas de negociación.

Aguilar ha recordado episodios en materia de personal de los que responsabilizan directamente a Alonso y que han concluido en un coste excesivo para las arcas municipales como el despido del arquitecto municipal, 26.000 euros, el asunto del acoso psicológico sufrido por un policía local, 20.000 euros, y el caso más reciente, la indemnización de 20.700 euros al que ha sido condenado el consistorio por el impago de 700 horas de trabajo acumuladas por el anterior chófer del alcalde y al que el ayuntamiento no le había reconocido sus pretensiones.