El PP pedirá al acalde, Juan Pérez, el cese de la concejal delegada de Servicios Sociales, Teresa Alonso, ante lo que los populares consideran su incapacidad para gestionar este área municipal, gestión que desde el PP califican de nefasta.
Esta petición se fundamenta en un nuevo episodio relacionado con el contrato del servicio de ayuda a domicilio denunciado por el edil popular Francis Aguilar. Aguilar ha explicado que las arcas municipales han dejado de ingresar, por este concepto, la cantidad de 90.000 euros. La razón estriba en la modificación introducida por la Junta de Andalucía en un orden de junio de 2017 en virtud de la cual el ejecutivo andaluz mantiene el límite de los 13 euros por hora de servicio que se venían abonando si bien paga en función de la cuantía que cada ayuntamiento tenga pactada con la empresa concesionaria, esto es, el consistorio lucentino tiene un precio estipulado de 12 euros más el 4%, es decir, 12,50 euros, por que se genera una diferencia de cincuenta céntimos.
A esta modificación, la orden en cuestión añade otra más. Si antes de su entrada en vigor el pago debía hacerse semestralmente, ahora debe producirse mensualmente por lo que el ayuntamiento está obligado a certificar y acreditar las horas del servicio dentro de los 10 primeros días de cada mes. Una circunstancia que según ha denunciado el PP está incumpliendo el equipo de gobierno toda vez que las cuentas correspondientes al mes de julio de 2017 se han presentado en enero de 2018, las de agosto en febrero, las de septiembre en marzo y así sucesivamente. Una situación que para los populares supone un incumplimiento claro de la orden dictada por la Junta de Andalucía. Finalmente el edil del PP ha recordado que por el contrato del servicio de ayuda a domicilio la Junta adeuda al ayuntamiento de Lucena 600.000 euros.
