El pleno del Ayuntamiento de Lucena rechazaba por unanimidad la propuesta de la empresa Servisar Servicios Sociales S.L, contratista del servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento, de elevar en un 4,17 por ciento a razón de 13 euros /hora, el precio del contrato formalizado el 30 de mayo de 2017, alegando que en junio de ese mismo año, la Junta de Andalucía modificó tanto el sistema de cálculo de horas como el precio del coste/hora.
Todos los grupos políticos representados en el plenario municipal votaron en contra de esta propuesta, al considerar incluso un informe del secretario municipal que dicha medida no cumple la legalidad y podría perjudicar al resto de enfermas que concurrieron a la licitación del servicio. Desde Izquierda Unida, Carlos Villa, defendía que sólo votarían a favor de la subida si ésta repercutiera directamente en los propios trabajadores.
Desde Ciudadanos, la opinión era similar. La portavoz de la formación naranja, Purificación Joyera, explicaba que la empresa no cumplió con el 100 por cien de sus servicios entre los meses de junio a septiembre y las propias trabajadoras fueron las que propiciaron la organización que favoreció la buena prestación del servicio.
Francisco Aguilar, rechazaba desde el Partido Popular esta propuesta, y destacó que según los cálculos de la empresa, necesitaría 90.000 euros para llegar a final del año si se dan las mismas horas que el pasado ejercicio.
La concejal delegada de Servicios Sociales, Teresa Alonso, también manifestaba la posición en contra del equipo de gobierno de aprobar esta subida y que se modifique el precio de la hora.
El pleno sí votaba a favor con los votos positivos de PSOE y Ciudadanos de la modificación del contrato del servicio de ayuda a domicilio unificando las funciones que tienen los Trabajadores Sociales de Seguimiento y los Trabajadores Sociales de Coordinación. Estos últimos pasarían a denominarse “Trabajadores Sociales de Supervisión”. Esta modificación deberá ser beneficiosa para el servicio y deberá mantenerse el número de trabajadores que correspondan según los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas Particulares que rigen el contrato, es decir, una Trabajadora Social de Seguimiento por cada 150 usuarios y un Trabajador Social de Supervisión por cada 200 usuarios.
