El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado una indemnización de 24.000 euros que el ayuntamiento habrá de abonar a Enrique Moreno Cuñat, arquitecto contratado por el consistorio en 2010 como responsable de las obras de remodelación del casco histórico de la ciudad al que se le encomendaron en virtud de decretos de alcaldía funciones ajenas a su contrato, que además fue declarado como trabajador indefinido y que posteriormente fue despedido por causas objetivas organizativas.
Causas que tanto el juzgado de los Social de Córdoba como el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía consideran insuficientemente motivadas y argumentadas toda vez que se basaron en un informe emitido por Miguel Villa, concejal delegado de obras en el momento del despido que según las sentencias de ambos órganos judiciales tendría que haberse declarado improcedente tal y como solicitaba el demandante.
Para el edil del PP, Julián Ranchal esta última sentencia confirma la denuncia efectuada por su grupo que desde el primer momento consideró que la indemnización rondaría los 20.000 euros y no los 10.000 que defendía el equipo de gobierno.
En este sentido Ranchal ha recordado las palabras de la delegada de Personal, Teresa Alonso cuando acusó a los populares de mentir en este asunto, un extremo que ahora en el PP valoran en sentido contrario, esto es, acusando a Alonso de ser ella la que ha mentido a sabiendas de que las causas esgrimidas carecían de fundamento suficiente y dado que por su cargo tendría que haber conocido la amplia jurisprudencia al respeto de este tipo de asuntos.
El edil popular ha insistido en que el máximo responsable es el alcalde al que también acusa de mentir ya que según consta en un acta de pleno se comprometió a evitar en el futuro este tipo de situaciones contractuales y además era conocedor por los decretos firmados de que al arquitecto se le habían encomendado tareas más allá del cometido por el que fue contratado.
Desde el PP han anunciado que se trata de errores del equipo de gobierno que han de pagar los ciudadanos y que junto a la indemnización, el ayuntamiento ha sido condenado al pago de las costas que se estiman en torno a 2.000 euros. Cabe incluso la posibilidad de que el consistorio tenga que desembolsar alrededor de 50.000 euros al mismo arquitecto por diferencias salariales producidas durante la vigencia de su contrato.
