El consejero de Justicia aboga por un modelo cercano que evite la sobrecarga del partido judicial e Córdoba
La Junta de Andalucía ha solicitado al Ministerio de Justicia que reconsidere el modelo de comarcalización judicial que integró a Lucena en el partido judicial de Córdoba capital; una decisión que, según el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, está generando una presión excesiva sobre los juzgados de la capital cordobesa.
Según Cordopolis, en una intervención ofrecida antes de reunirse con el nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Miguel Ángel Pareja, Nieto subrayó que esta revisión es “un reto fundamental” para mejorar la atención a las víctimas en la provincia y garantizar que servicios clave, como los especializados en violencia sobre la mujer y violencia sexual -amparados por la Ley de Eficiencia Organizativa-, puedan prestarse en condiciones óptimas de cercanía, agilidad y calidad.
La propuesta, a juicio del consejero, permitiría que Lucena cuente con un servicio específico para la atención a víctimas, lo que aliviaría la sobrecarga del partido judicial de Córdoba capital, el más grande de la provincia. Cabe recordar que la Ley de Eficiencia Organizativa contempla, entre otros cambios, la transformación de los juzgados tradicionales en tribunales de instancia, con una nueva organización interna más eficiente. Nieto reconoció que Córdoba ha avanzado en esta transformación judicial, habiendo implantado ya los nuevos tribunales en todos los partidos judiciales salvo el de la capital, que, por su volumen y complejidad, representa el reto más importante de todo el proceso.
El consejero insistió en la necesidad urgente de reforzar la planta judicial con más jueces, magistrados y funcionarios. “Llevamos pidiéndolo mucho tiempo”, afirmó, subrayando que en más de la mitad de los partidos judiciales de la provincia la carga de trabajo supera lo razonable, y que los servicios se mantienen gracias al “sobreesfuerzo” de jueces, juezas y personal judicial.
Nieto también reclamó mayor implicación presupuestaria por parte del Ministerio de Justicia, tanto para ampliar la plantilla como para colaborar en la implantación de la ley: “La Junta presta el servicio, pero el Ministerio debe dotar de medios humanos y colaborar económicamente. Y no lo está haciendo”.
