El senador Fernando Priego se reúne con el alcalde de Lucena para abordar la situación de viviendas ocupadas en este municipio
El Partido Popular en el Senado ha presentado en la Cámara Alta una Proposición de Ley para atajar el problema de la okupación ilegal de viviendas, creando un marco legal apropiado que proteja la propiedad privada y establezca mecanismos necesarios para el desalojo en 24 horas. Sobre esta medida ha informado el senador del PP de Córdoba, Fernando Priego, quien ha mantenido una reunión con el alcalde de Lucena, Aurelio Fernández, para abordar los casos de viviendas ocupadas en este municipio.
El Pleno del Senado ha aprobado la toma en consideración de la Ley antiokupación, la primera ´Ley Feijóo´, una Proposición de Ley con aspectos penales, civiles y administrativos, para luchar contra la ocupación no tolerada por su dueño, que se apoya en interpretaciones de la legislación efectuadas con mala fe y que popularmente se designa como okupación. La okupación de viviendas (popularmente se escribe con “k” cuando se trata de este supuesto ilícito) es un gran problema social que se apoya en interpretaciones de la legislación efectuadas de mala fe, que atenta contra el derecho de propiedad privada, quitando la posesión de la misma al legítimo propietario.
Impiden a muchos pequeños propietarios obtener las rentas a las que tienen derecho por el alquiler de su vivienda, donde han depositado el ahorro. Además, ocasiona muchos problemas de convivencia vecinal provocando una inseguridad a los vecinos de la comunidad de propietarios en la que se han instalado los ocupantes ilegales. Provoca el deterioro de los espacios y la degradación de barrios completos. Y genera una gran alarma social en un buen número de ciudadanos.
“No se trata tanto de colectivos antisistema, o de hechos aislados, sino de auténticas redes criminales, en muchos casos mafias organizadas, que se aprovechan los resquicios de la ley para delinquir.”
“No se trata tanto de colectivos antisistema, o de hechos aislados, sino de auténticas redes criminales, en muchos casos mafias organizadas, que se aprovechan los resquicios de la ley para delinquir.” Estamos por tanto, dice el senador, ante un grave problema al que hay que plantar cara con un marco jurídico preciso, partiendo de la tolerancia cero hacia este fenómeno y la protección tanto de la propiedad privada como de las personas en situación vulnerable. Desde que Sánchez llegó a la Moncloa la okupación se ha multiplicado de manera que de 2018 a 2022 se han incrementado un 37% las okupaciones en España, según datos del Ministerio del Interior. En 2022 (último año completo del que hay datos) se registraron 16.726 denuncias por okupación, casi 46 al día. Y en la provincia de Córdoba en 2022 se presentaron 174 denuncias por ocupación ilegal. Desde el Partido Popular estamos convencidos de que es necesario reforzar el ordenamiento jurídico para que los okupas no puedan ampararse en ningún vacío legal, además de proteger y garantizar de manera contundente la propiedad privada, la convivencia y la seguridad jurídica, y al mismo tiempo luchar activamente contra las mafias que han hecho de la okupación ilegal su negocio. Así el texto de este proyecto de Ley plantea medidas concretas encaminadas a generar un marco jurídico preciso que solvente las carencias del actual, con el Gobierno del PSOE.
“Un marco que se ha demostrado poco eficaz en la protección adecuada del derecho de propiedad, en el que sus costes y plazos suponen unos tiempos de respuesta que no se alinean con el fin de protección que debería perseguir la ley”, ha señalado Priego. “La tolerancia con la okupación no ayuda al más débil, sino que castiga a los barrios más humildes. Por esto desde el Partido Popular defendemos una postura de tolerancia cero con la okupación, y se hace necesario garantizar una convivencia vecinal pacífica y respetuosa”, ha afirmado.
La proposición de Ley antiokupación del PP obliga al desalojo de la vivienda en 24 horas, voluntariamente desde que es requerido por la autoridad. Si no se hace voluntariamente, transcurridas 24 horas, se puede efectuar el desalojo de forma forzosa. También se impide que los okupas se puedan empadronar en la vivienda ocupada e incrementa las penas previstas en el artículo 245 del Código Penal por okupación.
Del mismo modo, contempla una modificación del art 269 del Código Penal, añadiendo la usurpación por la provocación, la conspiración y la proposición para cometer estos delitos.
