El Ayuntamiento de Lucena ha aprobado en Pleno la adaptación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, conocida como la plusvalía municipal, al Real Decreto 26/2021 por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, una vez que en octubre de 2021 el Tribunal Constitucional declaraba la inconstitucionalidad y nulidad de diferentes artículos.
En concreto, la aprobación respaldada en sesión plenaria celebrada el pasado viernes, con los votos a favor de PSOE, Ciudadanos e IU y los votos en contra de PP y VOX, consiste en doce modificaciones que vienen a adecuar el texto de la ordenanza municipal a la nueva legislación impulsada por el Ministerio de Hacienda dentro del plazo de seis meses concedido a los ayuntamientos.
Las novedades más importantes se plasman en la incorporación de varios supuestos de exención en el pago del impuesto y en el aumento del 20% al 30% del tipo del gravamen. Las bonificaciones en la cuota tributaria se mantienen cuando se trata de la vivienda habitual y se aminoran, del 60% al 30%, cuando son elementos distintos de la vivienda habitual del transmitente.
Durante el debate plenario, la concejala de Hacienda, Carmen Burgos, descartó que la aprobación de estas modificaciones se traduzca en un aumento de los ingresos del Ayuntamiento por el concepto de la plusvalía. De hecho, la Intervención Municipal mantiene la previsión de recaudación por este impuesto de 360.000 euros recogida para el presupuesto del año 2022, cantidad que difiere de los 610.000 reconocidos como derechos de pago durante la anualidad de 2021.
Tanto el PP como VOX justificaron su voto negativo por las dudas jurídicas que existen respecto al nuevo real decreto vigente desde noviembre, que se encuentra recurrido y sobre el cual el Tribunal Constitucional también deberá pronunciarse, criticando igualmente la subida del tipo impositivo propuesta.
Ante los planteamientos esgrimidos por parte de la oposición, Carmen Burgos contestó que la propuesta del Ayuntamiento es “adaptar la ordenanza a la legislación que esté vigente en cada momento” y que si el Tribunal Constitucional falla en contra del actual texto, de nuevo el Pleno se elevarán las modificaciones que sean necesarias. “No podemos prescindir de estos ingresos, aunque se vean mermados respecto a años anteriores, por salvaguardar el equilibrio económico del ayuntamiento”, añadió.
