La deuda podría incrementarse en 800.000 euros en concepto de intereses y costas procesales
El concejal delegado de Régimen Interior y Personal, Francis Aguilar ha anunciado que el ayuntamiento tendrá que asumir el pago de cerca de un millón de euros, en concreto 986.500 euros, por el impago de cuotas a la seguridad social correspondiente a la diferencia salarial abonada a los trabajadores contratados a través de distintos planes de empleo durante las dos últimas legislaturas.
Un panorama que encontró el PP a su llegada al gobierno municipal y sobre el que ha venido trabajando para lograr, una vez que las actas de las liquidaciones han resultado definitivas y se han trasladado al equipo de gobierno el pasado 11 de marzo, la concesión de un aplazamiento por un periodo de cinco años al que ha accedido la Seguridad Social.
No obstante, como importe inaplazable, el consistorio ha abonado ya la cantidad de 194.401 euros y tendrá que soportar una cuota mensual extraordinaria, al margen de las cuotas ordinarias correspondientes a los trabajadores municipales, de 14.546 euros hasta la cancelación de la deuda contraída en la que se incluye un 20% de recargo más intereses legales
En este sentido, Aguilar ha explicado que el objetivo del gobierno municipal es liquidar la deuda antes del cumplimiento de los cinco años señalados para evitar un recargo en concepto de intereses de 82.708 euros.
El edil del PP ha recordado que la deuda generada con la Seguridad Social se debe a la mala gestión del PSOE que vulneró el principio constitucional de igualdad propiciando un agravio comparativo entre los trabajadores contratados a través de los planes de empleo y los empleados municipales, que ha desembocado, a criterio de los populares, en el mayor incumplimiento de pago de cuotas a la Seguridad Social.
Para Aguilar se trata de una situación que tendrá más consecuencias toda vez que están pendientes de resolución las demandas interpuestas por los trabajadores agraviados, ya que sus salarios se adaptaban a la subvención que acompañaba a cada plan de empleo, una circunstancia que puede generar un gasto extraordinario de cerca de 800.000 euros por intereses y costas procesales.
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