El Colegio de Abogados de Lucena rechaza la instrumentalización de la justicia con fines políticos propuesta por PSOE y JUNTS

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Colegio de Abogados, acuerdo Psoe

Ni los partidos políticos ni el gobierno, indican desde el órgano colegial, deben injerirse en la labor de los jueces y magistrados, poniendo en tela de juicio su independencia

La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Lucena, en sesión extraordinaria de fecha 10 de noviembre de 2023, ha aprobado una declaración institucional en la que muestra su rechazo total a la fiscalización de la actuación jurisdiccional planteada en el documento publicado y suscrito entre PSOE y JUNTS el pasado 9 de noviembre sumándose así a la opinión manifestada en los comunicados emitidos tanto por el Consejo General del Poder Judicial  como por las cuatros asociaciones de Jueces y Magistrados en los que hacen referencia al “lawfare” o instrumentalización de la justicia con fines políticos que se recoge en el acuerdo alcanzado por ambas formaciones políticas y que contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria.

“sin un Poder Judicial absolutamente independiente la democracia es imposible en cuanto que la separación de poderes constituye la esencia misma de nuestro Estado democrático de derecho”

Desde el órgano colegiado lucentino apuntan que esta declaración parte de una clara neutralidad política y de respeto absoluto a todos los colegiados, cualquiera que sea su ideología o sensibilidad y añaden que sin un Poder Judicial absolutamente independiente la democracia es imposible en cuanto que la separación de poderes constituye la esencia misma de nuestro Estado democrático de derecho. Razón por la que rechazan que se ponga en tela de juicio la independencia judicial. Ni los partidos políticos ni el gobierno, indican, deben injerirse en la labor de los jueces y magistrados, poniendo en tela de juicio su independencia.

Finalmente, el documento de referencia concluye haciendo alusión a que todos debemos respetar y cumplir la Constitución y los principios constitucionales que garantizan la convivencia pacífica de nuestra sociedad, la libertad, la justicia y la igualdad de todos los españoles ante la ley.

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