Esta cantidad corresponde a las primeras 49 sentencias dictadas en el proceso abierto por la Inspección de Trabajo.
El concejal delegado de Recursos Humanos, Francisco Javier Aguilar ha anunciado que de la liquidación recibida en el ayuntamiento de Lucena, por parte de la Inspección Provincial de Trabajo, por valor de 997.937 euros en concepto de diferencias de cotización social no ingresadas, el alcalde de Lucena, Aurelio Fernández firmó el pasado viernes un reconocimiento de obligaciones por importe de 568.000 euros correspondientes al pago de las primeras 49 sentencias dictadas en este proceso.
El también portavoz del gobierno local ha explicado que esta liquidación, remitida al consistorio en el mes de mayo, es el resultado de las diligencias abiertas en agosto de 2022 por la Inspección Provincial de Trabajo reclamando al ayuntamiento de Lucena 997.937 euros por diferencias de cotización social de contratos temporales toda vez que el organismo laboral denuncia un trato desigual a los trabajadores temporales al pagarles un salario inferior al recogido en el acuerdo marco del consistorio.
Estas cuotas sociales no pagadas por el ayuntamiento lucentino hacen referencia principalmente a los contratos laborales suscritos con cargo a los programas de empleo extraordinarios gestionados a nivel municipal por el anterior gobierno socialista, iniciativas como el Plan Aire, el Programa Emple@Joven o el Emplea @mprende+ financiados con fondos europeos de la Junta de Andalucía y del propio ayuntamiento.
Aguilar ha recordado que la Inspección de Trabajo entendió que se había aplicado un trato desigual a estos trabajadores contratados temporalmente, a los que se les pagaba con un salario menor al recogido en el acuerdo marco del ayuntamiento que actúa como convenio colectivo y ha insistido que todo ha sido debido a una actuación negligente y a la toma de una decisión errónea por parte del PSOE y en concreto de la edil socialista Teresa Alonso que actuó como delegada de Recursos Humanos y cuya gestión al frente de esta área ha sido calificada por el concejal popular como desastrosa.
Aguilar ha insistido en que esta forma de contratación irregular que se ha venido aplicando en este ayuntamiento ha significado ya una primera merma para las arcas municipales poniendo el acento en que de la cuantía indicada 394.626 euros corresponden a salarios no pagados y 173.408 euros a intereses.
Para Aguilar, que ha lamentado en este asunto “falta de transparencia” y una “gestión irresponsable” ya que “los lucentinos van a tener que pagar lo que en su día no pagaron con el recargo correspondiente”, se trata de un ejemplo más de las decisiones erróneas adoptadas en su día, como la de recurrir las sentencias a pesar de que no tendrían recorrido, lo que entre letrados externos y horas de personal municipal ha supuesto un gasto cercano a los 200.000 euros.
El responsable actual de Recursos Humanos ha recordado que no todos los ayuntamientos gestionaron los programas de empleo con el criterio utilizado en Lucena y que “incluso hubo ayuntamientos que suspendieron estos planes por lo que pudiera ocurrir después”.
