El abogado lucentino Miguel Ángel Sánchez Sicilia, vicepresidente de la asociación de vecinos Crisaras, ente que aglutina a los propietarios de las viviendas de Campo de Aras y Cristo Marroquí, ha reconocido el nerviosismo lógico existente entre los vecinos de esta zona residencial ante la apertura del expediente sancionador por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en el que figura el corte de suministro de agua.
Este miércoles ha tenido lugar en el Palacio Erisana una asamblea extraordinaria y urgente para informar a los afectados sobre la notificación recibida, las gestiones llevadas a cabo y la evaluación de las actuaciones a seguir.
En este sentido, Sánchez Sicilia ha reconocido que antes de que se produjera esta situación, el colectivo ya venía manteniendo conversaciones con el ayuntamiento al objeto de buscar una solución para el suministro de agua a Campo de Aras por lo que el citado expediente ha sido de todo punto inesperado, sobre todo teniendo en cuenta de que se trata de un asunto del que el consistorio tenía conocimiento pues no en vano ha venido cobrando facturas tanto por suministro como por depuración de las aguas.
Para el abogado de la asociación, en este conflicto existe una parte que es exclusivamente responsabilidad del ayuntamiento toda vez que sobre él y no sobre CHG recae la obligación de suministrar agua a los vecinos, como en verdad vienen haciendo, a través de la canalización de Zambra.
En este sentido, Sánchez Sicilia ha apuntado que existe documentación que acredita que en 1980, el alcalde de Lucena solicitó a quienes estaban en posesión de derechos adquiridos sobre la fuente de Campo de Aras para que cedieran agua al consistorio ante los problemas de suministro que padecía la ciudad, una petición a la que se accedió por parte de la mayoría de los titulares de tales derechos.
Incluso, asegura el letrado, existen actas posteriores en las que consta la solicitud de autorización para el suministro de agua a las viviendas de la zona, incluida una ampliación autorizada más tarde, lo que indica claramente que Campo de Aras se ha venido suministrando, entre otras, de las aguas provenientes de Zambra con el conocimiento y el consentimiento del ayuntamiento.
El vicepresidente de Crisaras ha recordado además la existencia de un procedimiento judicial instado por Aguas de Lucena a tenor de una serie de cantidades impagadas por el consumo de agua en Campo de Aras que viene a reforzar el conocimiento de esta situación por parte del consistorio así como en el caso de CHG que en 2008 levantó acta de inspección en la que queda plasmado el hecho de que se estaba sustrayendo agua de la fuente de Campo de Aras, realidad que hace más incomprensible el expediente abierto por CHG.
Cabe significar que desde la asociación se ha solicitado que se les complete toda la documentación que obre en el expediente y están a la espera de que se les haga llegar. A partir de ahí, el colectivo formulará las alegaciones oportunas en la confianza de que no haya necesidad de adoptar ninguna otra medida en tanto se trata de muchas familias afectadas a las que no se les puede cortar el agua de ninguna de las maneras.
En cuanto a las relaciones con el ayuntamiento, el abogado lucentino ha reconocido la predisposición de todos los grupos políticos para resolver este conflicto y la intención de aplicar una solución provisional que evite el corte de suministro y de iniciar los trámites necesarios para la legalización correspondiente no solo de esta zona sino de todas aquellas que puedan encontrarse en idéntica situación a través del anunciado Plan Especial de Infraestructuras.
Sánchez Sicilia ha insistido en que tanto el ayuntamiento como la Junta de Andalucía conocen la existencia tanto de los depósitos de Campo de Aras como de las redes de suministro, por tanto, hay que encontrar la fórmula idónea para solventar este problema, bien desde el ayuntamiento bien desde la propia asociación a través de la concesión derechos. Sea la que sea debe ser rápida y eficaz para evitar el corte de suministro y que los vecinos no se vean abocados a plantear más alternativas que la de presentar el recurso que correspondan al pliego de alegaciones.
